La cuenca recuerda, la burocracia espera

Víctor Manuel González Aravena · Ingeniero Civil

Las cuencas tienen memoria. Y las catástrofes son el momento en que nos recuerdan, muchas veces con violencia, cuál es realmente su territorio.

Podemos intervenir cauces, ocupar quebradas, construir caminos, viviendas, canales e infraestructura productiva. Pero cuando llega un evento extremo, el agua no reconoce límites administrativos, ambientales, agrícolas, mineros ni urbanos. Responde a la pendiente, a la gravedad y a su cauce natural.

La cuenca recupera su territorio

Y entonces aparece otra vulnerabilidad que debemos decir con claridad: nuestra institucionalidad muchas veces no está preparada para enfrentar una catástrofe real.

Chile ha construido una extensa red de leyes, reglamentos, permisos, evaluaciones y procedimientos sectoriales. Muchos de ellos son necesarios. El problema es que fueron pensados, en gran medida, para un país funcionando en condiciones normales.



Después de una gran crecida cambian cauces, desaparecen defensas, se erosionan riberas, colapsan caminos y canales, y aparecen amenazas nuevas. Sin embargo, la respuesta administrativa sigue exigiendo formularios, autorizaciones, pronunciamientos, competencias cruzadas y tiempos que muchas veces no guardan relación alguna con la urgencia del territorio.

Y ahí ocurre algo grave: el Estado puede reconocer que existe un riesgo, pero aun así no ser capaz de habilitar oportunamente las herramientas para reducirlo.

Eso no es solo burocracia. Es una falla de diseño institucional

Peor aún, muchas veces resulta más fácil reponer lo destruido que corregir lo que estaba mal diseñado. Podemos reconstruir la misma obra, en el mismo lugar y bajo la misma lógica que ya fracasó, porque administrativamente eso resulta más sencillo que modificarla, ampliarla, reforzarla o reubicarla.

Así, la institucionalidad corre el riesgo de transformarse en una máquina que reconstruye vulnerabilidades

Por eso la discusión debe ir más allá de pedir menos trámites. Lo que necesitamos es una verdadera ponderación del riesgo.

No basta preguntar cuál es el impacto de intervenir un cauce, una ribera o un territorio sensible. También debemos preguntarnos: ¿cuál es el riesgo de no intervenir?

¿Qué ocurre si por no actuar dejamos expuestas nuevamente viviendas, caminos, sistemas de agua, canales, actividades productivas o vidas humanas?

Proteger el medioambiente es indispensable. Pero cuando una política pública pierde la capacidad de distinguir entre una intervención ordinaria y una intervención necesaria para proteger vidas e infraestructura crítica, deja de ser una buena política pública.

Chile necesita una institucionalidad distinta para escenarios de catástrofe: con reglas excepcionales, plazos abreviados, coordinación obligatoria entre servicios, responsabilidad técnica clara y capacidad real para corregir, mejorar y prevenir, no solo para reponer lo destruido.

Una emergencia no puede significar libertad para hacer cualquier cosa. Pero tampoco puede significar que el aparato administrativo termine protegiendo el procedimiento por sobre el territorio y a las personas.

Ese es el verdadero problema

Mientras nuestras instituciones discuten competencias, permisos y plazos, la naturaleza ya tomó su decisión.

Nosotros podemos olvidar. La cuenca, no.

Víctor Manuel González Aravena
Ingeniero Civil