¿La burocracia también depende del lugar donde ocurre la emergencia?

Los recientes aluviones ocurridos en Santiago, particularmente en Las Condes, nos dejan una reflexión que va mucho más allá de los daños provocados por la naturaleza: ¿por qué cuando una emergencia afecta a sectores con mayores recursos económicos las soluciones parecen llegar con mayor rapidez?

En julio pasado, Atacama y especialmente la provincia del Huasco enfrentaron precipitaciones extraordinarias, desbordes, caminos destruidos, localidades aisladas y graves daños a la infraestructura hídrica y productiva. Desde entonces, distintas organizaciones e instituciones han trabajado para conseguir recursos, elaborar proyectos, justificar intervenciones y superar procedimientos administrativos que muchas veces no responden a la urgencia del territorio.

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En Santiago hemos visto una importante movilización de autoridades, maquinaria y recursos para enfrentar la emergencia. Y está bien que así sea. Lo cuestionable no es la rapidez con que se actúa en la capital, sino por qué esa misma capacidad de respuesta resulta tan difícil de conseguir en regiones.

En el Huasco, además, conocemos anticipadamente los riesgos asociados a los deshielos, las crecidas de los ríos y la acumulación de sedimentos. Sin embargo, prevenir sigue siendo un camino largo de autorizaciones, convenios, revisiones y trámites, mientras el tiempo avanza y las amenazas permanecen.

No se trata de restar importancia a lo ocurrido en Santiago ni de desconocer los esfuerzos realizados en Atacama. Se trata de exigir que la prevención tenga la misma prioridad, cualquiera sea el territorio y su condición económica.

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Chile necesita un Estado que facilite las soluciones antes de las catástrofes, no uno que obligue a esperar que ocurran para actuar con urgencia.

Porque los aluviones no distinguen clases sociales ni territorios, y la protección de las personas tampoco debería hacerlo.

La verdadera desigualdad no está solamente en los recursos disponibles, sino también en la velocidad con que el Estado permite utilizarlos para proteger a su gente.

Víctor Manuel González Aravena
Ingeniero Civil